El Defensor del Pueblo ha emprendido una actualización del análisis monográfico sobre “violencia escolar entre los años 1999 y 2000”, ante la percepción de "determinados síntomas de agravamiento" de la situación en las escuelas, con el fin de comprobar en qué medida ha cambiado la situación.

Durante el ejercicio 2005, se comprueba una disminución de las quejas relativas a instalaciones escolares, siendo las reclamaciones más frecuentes en este ámbito las de carencia de plazas suficientes en Educación Infantil, sobre todo en núcleos urbanos de gran afluencia inmigratoria.

Las peticiones también derivaron de la concentración de alumnos de origen inmigrante, acreditación de rentas familiares en los procesos de admisión de alumnos, los efectos reconocidos a determinados títulos y a ciertas equivalencias de los mismos, las deficiencias de medios personales y naturales en educación especial, retrasos en la tramitación de expedientes de homologación de títulos, características de la programación televisiva y "muy singularmente" problemas prácticos de implantación de la cooficialidad lingüística.

El Defensor del Pueblo añadió en su informe anual la necesidad de alcanzar un acuerdo básico en materia educativa, con objeto de consolidar un sistema que permita a las administraciones, los docentes y todos los profesionales del sector una labor educativa y evaluadora a largo plazo.