El cambio climático, la deforestación, el aumento del nivel del mar y el crecimiento de la población en terrenos propensos a las riadas podrían provocar que alrededor de 2.000 millones de personas padezcan inundaciones devastadoras en un plazo aproximado de 50 años, según un informe presentado a mediados de junio por un grupo de expertos de la Universidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). España ya tiene en vigor, desde la última quincena de septiembre, de un Real Decreto-Ley que contempla una serie de medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y los incendios producidos en los últimos meses.
Las estimaciones de la ONU revelan que 1.000 millones de personas viven en la actualidad en la ruta potencial de una inundación que podría durar 100 años aunque esta cantidad, según los expertos universitarios, se podría duplicar o superar el doble en dos generaciones.
Estos 1.000 millones de personas que habitan en la actualidad en zonas propensas a las inundaciones, suponen una sexta parte de la población mundial y, además, la mayoría de ellos viven en los países más pobres, añade el informe universitario de la ONU.
Un total superior a 520 millones se ve afectado cada año por las inundaciones, con las consiguientes estimaciones de 25.000 muertes anuales, aumento de la mendicidad, enfermedades inducidas por el desastre, daños agrícolas, perjuicios ganaderos y otros males similares.
El uso insostenible de la tierra y otras acciones humanas parecidas agravan esta situación, según los expertos universitarios de las Naciones Unidas.
Asia registra las peores estadísticas
El continente asiático registra el mayor potencial de inundación del mundo, tras registrar un promedio anual de más de 400 millones de personas expuestas directamente a alguna inundación durante las dos últimas décadas.
Un 44 por ciento de todos los desastres mundiales provocados por inundaciones entre 1987 y 1997 afectaron a la población que reside en Asia, según la ONU. Este índice supuso la muerte de 228.000 personas, lo que supone cerca del 93% de todas las pérdidas humanas relacionadas con inundaciones en el mundo.
Las pérdidas económicas en el continente asiático durante la década 1987-1997 ascendieron a un total de 136.000 millones de dólares.
El resto del mundo
El presupuesto mundial anual para inundaciones y otros desastres provocados por el agua alcanza los 60.000 millones de dólares, según especificó la ONU.
Estas catástrofes naturales relacionadas con el agua también afectan a la mayoría de los países avanzados, tras conocer que en 2002, las inundaciones en Europa mataron a 100 personas, afectaron a otras 450.000 y dejaron unos daños valorados en 20.000 millones de dólares, además de registrar una media anual de 25 muertes en Estados Unidos desde 1980.
España
Las estadísticas de este informe de las Naciones Unidas revelan que en España el número medio de eventos anuales similares es de 0’52 (la misma cifra que Canadá, muy por debajo del máximo de 3,86 que se registra en India aunque en un nivel medio alto si se compara con la mayoría de los países), el promedio de personas que mueren anualmente es de 8,38, la vulnerabilidad relativa llega a 8,18 personas muertas por cada millón de habitantes (comparable con India, Portugal, Camboya y Sierra Leona, pero en un nivel intermedio en relación al resto de naciones) y la densidad de población que reside en zonas expuestas a inundaciones es de 0,65 habitantes por metro cuadrado (una cifra comparable a Turquía y Bolivia, y en un nivel bajo comparado con el resto de los países).
En España, además, entró en vigor el pasado 18 de septiembre un Real Decreto-Ley con un conjunto de medidas para solucionar los daños causados no sólo por las inundaciones sino por los incendios producidos en los últimos meses en las comunidades de Aragón, Cataluña, Andalucía, Navarra y Valencia.
El nuevo Real Decreto-Ley contempla la concesión excepcional de una ayuda de 18.000 euros a los familiares de las personas fallecidas en estas catástrofes frente a los 12.000 fijados desde 1993 en una normativa anterior.
Esta normativa supone la eliminación del requisito de que, para percibir las ayudas, se necesite una renta familiar igual al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o superior en función del número de miembros. Dichas ayudas quedarán exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las ayudas por daños en las viviendas afectadas por estos siniestros se elevan hasta un máximo de 24.000 euros frente al anterior tope de 9.000 dictados en la normativa de 1993.
El Gobierno español prevé financiar hasta un máximo del 50 por ciento las obras de reparación de todo tipo de infraestructuras de titularidad municipal que hayan padecido inundaciones o incendios. |